Iberdrola vende casi el 90% (87%, para ser precisos) de sus activos en México.
El gobierno de México se los compra en 6 mil millones de dólares y, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo celebra como una “nacionalización”.
El acuerdo entre las partes se alcanza después de una larga historia de señalamientos y ataques legales desde el gobierno mexicano en contra de la compañía.
La empresa internacional –no es precisamente española porque a nivel global su capital se origina en 75% de fondos internacionales y sólo el 10% de fondos de España– ha sido la más atacada discursiva, pública y legalmente por el Presidente de México.
En mayo del 2022 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le impuso una multa de 9 mil 145 millones de pesos a Iberdrola Energía Monterrey porque, presuntamente, su planta de autoabasto vendió energía eléctrica a socios que no contaban con ese permiso. En julio de ese mismo año la empresa logró una suspensión definitiva.
Iberdrola, dejó de invertir en el país desde el año pasado. México dejó de estar en los planes globales de inversión de la empresa.
A lo largo de lo que va de su administración, Iberdrola fue el villano favorito del Presidente de México.
En el contexto de una ruda batalla legal, la empresa y el gobierno mexicano alcanzaron un acuerdo en principio. Iberdrola vende 13 plantas de generación de energía eléctrica y el gobierno mexicano, las compra.
Iberdrola, sin embargo, no se va de México. Realinea sus inversiones con su estrategia internacional. Desinvierte y se “descarboniza” para enfocarse en las energías renovables. Le apuesta a las energías eólica, solar, almacenamiento e hidrógeno verde.
Busca convertirse en el nuevo gran jugador de renovables en México, asegura el experto en energía Víctor Ramírez.
Lo que vende Iberdrola en México son todas las plantas que construyó previo a la reforma energética. Vende los Productores Independientes de Energía: ciclo combinado (gas) y un parque eólico.
Iberdrola anunció que suscribió un acuerdo con Mexico Infrastructure Partners (MIP) por el cual este último adquirirá 8 mil 539 megawatts (MW) de capacidad instalada, de los activos de la empresa española en México.
La operación se realizará con el apoyo financiero del Fondo Nacional de Infraestructura de México (Fonadin) y otras entidades financieras del gobierno.
En un mensaje a través de sus redes el presidente lopezobrador calificó de “nacionalización” la operación de compra-venta.
Dijo que la decisión de comprar a Iberdrola sus plantas de ciclo combinado es una “nueva nacionalización” y formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la Comisión Federal de Electricidad.
En el video el Jefe del Ejecutivo aparece con Ignacio Sánchez Galán, presidente global de Iberdrola; Enrique Alba, gerente de Iberdrola en México; David Mesonero, director general de Desarrollo de la compañía; Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público; Manuel Bartlett, director general de CFE y Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda.
La operación de compra-venta, sin duda es consecuencia de los ataques de que ha sido objeto la empresa, por parte del presidente lopezobrador_ y la política energética de su gobierno.
La contrarreforma energética ha congelado inversiones internacionales y nacionales en el sector privado.
Es uno de los motivos que llevaron al gobierno de EU a solicitar consultas que podrían derivar en un panel de controversias energético
Iberdrola es una empresa que realiza cuantiosas inversiones en el sector energético en el mundo. Enrique Alba, CEO de Iberdrola en México al cierre del año pasado reconoció el desinterés de esa compañía en México.
Todavía en julio del año pasado en una conversación que sostuve con él, justo cuando estaba lo más recio de la tormenta legal, me dijo que no se irían de México, salvo que les expropiaran.
Todo indica que Iberdrola encontró la ruta para salir del espinoso camino litigioso, deshacerse de activos que van de salida en el mundo y al mismo tiempo apostarle al futuro de la energía y permanecer en México.
Y el gobierno mexicano logró inscribir en su narrativa un proceso de nacionalización, cuyo costo financiero dependerá de las de por sí estrechas finanzas públicas y de la capacidad operativa de la CFE. Al tiempo.
Marco A. Mares – El Economista