A pesar de ello, la capital del país ha avanzado en la movilidad en transporte público y ha aprovechado la infraestructura existente.
Según los resultados del cuarto Informe sobre Movilidad Eléctrica en Latinoamérica y El Caribe, en México solo tres de 18 sectores están involucrados en impulsar políticas públicas para el desarrollo del tema de una movilidad más sustentable.
Dichos sectores son Medio Ambiente, la cooperación con diferentes agencias internacionales y el ámbito privado, aunque el estudio plantea que ninguno de los tres lidera las acciones para alcanzar la movilidad eléctrica, como sucede en otras naciones de la región, por ejemplo, el sector energético en El Salvador, Honduras y Panamá; el sector transporte en Guatemala, o la Hacienda Pública en Nicaragua.
El documento fue dado a conocer el martes de esta semana y tomó en cuenta países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y la CARICOM.
Asimismo, los 18 sectores de cada país considerados como involucrados en las actividades de movilidad eléctrica fueron la Hacienda Pública; Medio Ambiente; Transporte; Energía; Salud; Industria y economía; Infraestructura, vivienda y urbanismo; Educación; Presidencia, e Innovación y tecnología.
También se consideraron los sectores de Administración pública; Planeación de servicios públicos y planeación nacional; Institución de transporte público; Empresas eléctricas nacionales y privadas; Instituciones y gobiernos subnacionales; Empresas petroleras; Cooperación internacional, y el Sector privado.
En contraste con México, Uruguay es el país con mayor número de sectores involucrados en el impulso de la electromovilidad al sumar 11, aun cuando ninguno de ellos lidera las actividades. Le siguen Honduras, Brasil, Costa Rica y Perú con diez sectores cada uno.
Resalta también del estudio que Chile es el único país en la zona de América Latina que cuenta con una estrategia para el desarrollo del hidrógeno, misma que se compone de tres acciones: la activación de la industria nacional; el apalancamiento de la experiencia local y entrada a los mercados internacionales, y la explotación de economías de escala.
Respecto a México, el estudio del PNUMA anota que, junto con Argentina, Chile, Perú y Uruguay, hay planes gubernamentales para elaborar una regulación que permita la expansión de los vehículos convertidos.
De la misma forma, cita que la Ciudad de México introdujo durante 2020 flotillas de autobuses eléctricos, principalmente para el transporte de personas. Sin embargo, este programa tuvo como características que, en su mayoría, las unidades son de batería con punto de carga en patio; son importadas y llegan armadas “con poco o nulo valor agregado a nivel regional”, y en su mayoría son autobuses “padrones” de entre 12 y 15 metros de largo, seguidos por los tipo “midi” de entre 8 y 11 metros.
En este mismo caso se encuentran las ciudades de Santiago de Chile, Chile, y Bogotá, Colombia, añadió el informe.
En el mismo sentido, apunta que la penetración de los buses eléctricos en México se encuentra en estado de pilotaje con pocas unidades, al igual que en Perú y Argentina, mientras que en Colombia y Chile ya se encuentran en una fase de operación comercial.
El Programa de las Naciones Unidas, además, incluye un estudio de caso de la implementación de los trolebuses en la Ciudad de México, un sistema que ya operaba desde 1947 cuando se instaló la primera infraestructura para el transporte eléctrico y que se empezó a abandonar desde 1990 con la implementación de otros sistemas, como la ampliación de la red del metro y vehículos a diesel.
“A partir de diciembre del año 2018, el nuevo gobierno de la Ciudad de México le dio un fuerte impulso a la empresa pública STE”, expone el documento, en relación con el Sistema de Transporte Eléctrico creado hace más de 70 años.
De acuerdo con los datos retomados en el estudio, el STE planea adquirir 500 unidades adicionales para el año 2024, además de las 193 que compró durante 2020 con una inversión de más de 85 millones de dólares.
De igual forma, la administración local trabaja en varias líneas de acción, como la adquisición de nuevos trolebuses de diferente capacidad, incluyendo unidades de 12 metros y articuladas; la mejora y recuperación de la infraestructura de energía, como las catenarias y la red de subestaciones; la rehabilitación de entre 100 y 150 vehículos cuyos repuestos se encuentran en el mercado, por último, la planeación e implementación de nuevas líneas, y la recuperación de las rutas que habían sido desatendidas.
En cuanto a las tarifas para vehículos eléctricos, el informe de las Naciones Unidas menciona que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) apostó por promocionar la instalación de puntos de carga domésticos que cuenten con un medidor independiente que mida el consumo residencial, esto con la finalidad de diferenciar el consumo del vehículo y que no se incremente la tarifa base.
Otros países, como Costa Rica y Uruguay establecen tarifas especiales de carga para incentivar la adquisición de unidades eléctricas, aprovechando así la posición mayoritaria de las empresas estatales.
“En Costa Rica, solo aplica para puntos de carga público; mientras que, en Uruguay, existe también una tarifa especial para los suscriptores de la empresa pública de energía que realizan las recargas en hogares y empresas”, asegura el Programa.
“El establecimiento de tarifas eléctricas específicas es una de las claves para estimular la compra y uso de vehículos eléctricos. El tipo y estructura de las tarifas de consumo de energía puede tener impactos muy diferentes sobre el mercado”, subraya.
Sobre el armado de los vehículos eléctricos, el estudio detalla que México y Brasil son los “grandes polos de fabricación y exportación”. Ambos países han fabricado en los últimos años el 10% de las unidades a nivel mundial, con aproximadamente medio millón de autos en conjunto en un mes.
Esta industria, agrega, emplea a unas 900,000 personas en nuestro país, mientras que en Brasil son unas 500,000 de manera directa.
Piden a la CRE incentivos para puntos de carga
En otro contexto, el senador Miguel Mancera Espinosa solicitó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) incentivar mediante la regulación adecuada la instalación de estaciones de carga para automóviles y otros vehículos eléctricos para asegurar el abasto a los usuarios de estos vehículos.
En un punto de acuerdo presentado esta semana, el legislador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) hizo un exhorto a los congresos locales del país para que reformen los ordenamientos jurídicos de sus entidades con la finalidad de establecer modelos de sustitución de unidades a combustibles fósiles de servicio público, como autobuses, taxis y trenes, por otras de bajo o cero emisiones.
Consideró que, a nivel global, para el año 2030 será necesario que 20% del transporte terrestre sea eléctrico, con el objetivo de contribuir a inhibir las emisiones causantes del efecto invernadero y del calentamiento global.
En su documento, el senador Mancera también hizo un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que elabore un plan de transición gradual a la movilidad eléctrica y de apoyo para quienes deseen adquirir un vehículo con esas características.