La infraestructura eléctrica de nuestro país es insuficiente para atender un aumento de la demanda eléctrica que se vuelve significativa frente al fenómeno conocido como nearshoring.
A pesar de que las autoridades mexicanas han intentado expandir la capacidad de generación, transmisión y distribución de electricidad en el país, poco han logrado pues la infraestructura eléctrica es insuficiente para atender un aumento de la demanda eléctrica que, por cierto, se vuelve significativa frente al fenómeno conocido como nearshoring. Ello sin duda refleja las decisiones de subinversión que se tomaron al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En este espacio se ha destacado el retraso en infraestructura eléctrica y el nulo legado en la transición energética del presidente López Obrador, columnas en las que se destaca, entre otras cosas, la cancelación de proyectos de infraestructura eléctrica de fuentes de energía renovables, cuya contribución al sistema eléctrico mexicano habían sido contemplada en las últimas Prospectivas del Sector Eléctrico y los Programas de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) publicados por la Secretaría de Energía (SENER), documentos que por ciento sirven para tener una visión a largo plazo del sector eléctrico del país.
El compromiso con los objetivos trazados a largo plazo es fundamental; al comparar la Prospectiva de 2018 (año en el que empieza a cambiar la política eléctrica mexicana) con la capacidad actual de producción de electricidad se encuentra un vacío de 21,607 MW, lo que significa que el sistema eléctrico mexicano está en una situación desafiante. El mercado de la electricidad requiere un equilibrio constante entre oferta y demanda, de ahí que sea necesario generar electricidad suficiente para satisfacer la demanda conforme a la hora, el día, la estación del año y la región, de lo contrario existe el riesgo de fallas en las redes de transmisión y distribución y, en consecuencia, en el suministro eléctrico.
Cabe recordar que uno de los mecanismos de la reforma eléctrica de 2013 fue la creación de subastas de largo plazo, cuyos proyectos estaban destinados a generar electricidad con energías renovables; no obstante, en mayo de 2020, la SENER canceló dicho mecanismo para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad en el mercado. Aunque la cancelación de las subastas de largo plazo no ha producido los efectos negativos que se esperaban, especialmente en términos de incumplimiento de acuerdos comerciales y de compromisos internacionales con el cambio climático, sí ha impactado en el margen de reserva, el cual básicamente consiste en la capacidad de generación excedente de electricidad y que brinda certidumbre de disponibilidad en casos de fallas técnicas, condiciones climáticas extremas o fluctuaciones repentinas de la demanda. Un margen de reserva normal para la confiabilidad del sistema eléctrico y la prevención de apagones es del 15% al 20%; sin embargo, durante la olas de calor que se experimentaron en México en junio de 2023 y mayo de 2024, el CENACE emitió alertas pues el margen de reserva cayó a mínimos del 6%.
Por lógica, los retrasos en la inversión en infraestructura y en nuevas fuentes para producir energía eléctrica, así como el consumo adicional por las olas de calor ya están ejerciendo una presión al sistema eléctrico mexicano. A este escenario se le suma una mayor demanda de electricidad derivada del nearshoring, el cual sin duda ha situado a México como un actor importante a nivel internacional, pero también pone en riesgo los márgenes de reserva del sector eléctrico en el corto plazo.
Si bien el PRODESEN de 2018 indica que un total de 2,867 MW de capacidad adicional de producción de electricidad estaba programada para entrar en funcionamiento en 2025, el letargo en las inversiones resalta problemas estructurales frente al nearshoring; inclusive si se restablecieran las subastas de energía con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, el impacto de estas inversiones retrasadas, o mejor dicho canceladas, seguirán afectando los márgenes de reserva del sector a mediano plazo.
En este sentido, una redirección en la política eléctrica mexicana no vendría mal, por ejemplo, una alternativa sería aprovechar los avances en la utilización de energía solar, en especial las tecnologías de la generación distribuida para producir electricidad en los hogares mexicanos. De hecho un análisis reciente del Oxford Institute for Energy Studies indica que si durante una década el gobierno mexicano reasigna los fondos que ahora financian los subsidios de los precios de energía eléctrica hacia la adquisición de paneles solares en el sector residencial no sólo podría satisfacerse hasta el 55% del suministro eléctrico de los hogares mexicanos y el crecimiento de demanda en un futuro, sino que también proporciona un espacio para que maduren proyectos grandes de generación eléctrica con energías renovables que atiendan las necesidades del nearshoring.
Es cierto que la situación actual del sector eléctrico en México enfrenta un reto, pero también una oportunidad para ejecutar una serie de reformas dentro de una estrategia integral que conjugue objetivos de sostenibilidad más amplios y las capacidades y limitaciones del Estado mexicano ahora en manos de una experta en energía.